El gobierno abierto se refiere a un modelo de gestión pública basado en la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración entre gobierno y sociedad. En esencia, significa que las instituciones gubernamentales comparten información de forma abierta, rinden cuentas de sus actos e involucran activamente a la ciudadanía en la toma de decisiones. Esto permite que las políticas públicas se construyan con mayor consenso y legitimidad, al incorporar las voces y necesidades de diversos actores. Sin embargo, el concepto de gobierno abierto va más allá de la mera publicación de datos: implica la construcción de nuevos modelos de gobernanza, fundados en la confianza y en la legitimidad de la acción pública, en los cuales los ciudadanos son protagonistas activos de la gestión y la mejora de lo público.
Se trata de un nuevo paradigma de la gestión pública, que implica transformaciones en todas las dimensiones del Estado —política, administrativa, cultural y tecnológica— y en la cultura organizacional de las instituciones. El gobierno abierto abre posibilidades para que el ciudadano se involucre en la tarea de gobernar, no sólo exigiendo mejores servicios, sino también participando activamente y contribuyendo a su mejora. De este modo, se promueve una relación más horizontal entre gobierno y sociedad, que favorece la coproducción de valor público.
El gobierno abierto se apoya en aportaciones previas como el gobierno electrónico y el derecho de acceso a la información pública, que han ampliado el acceso de la ciudadanía a datos y servicios digitales. Sin embargo, no se reduce a un enfoque instrumental o tecnológico: mientras el gobierno electrónico busca mejorar procesos y servicios mediante las tecnologías de la información (TIC), el gobierno abierto aspira a una transformación paradigmática fundada en la apertura, la participación y la colaboración, que trasciende las fronteras institucionales tradicionales. Se basa en principios universales como el open data (datos abiertos), la rendición de cuentas, la democracia participativa y el uso estratégico de las TIC para potenciar la interacción y colaboración entre gobierno y sociedad.
Entre los beneficios que aporta se encuentran: restablecer la confianza en el gobierno, garantizar mejores resultados con mayor eficiencia, elevar los niveles de cumplimiento, asegurar la equidad en el acceso a las políticas públicas, fomentar la innovación, y aprovechar el conocimiento y los recursos de la ciudadanía. De este modo, el gobierno abierto no es sólo una herramienta para la transparencia, sino también una estrategia para fortalecer la calidad democrática, la eficacia institucional y el desarrollo sostenible.
Vivimos en una etapa de transición hacia modelos de gobernanza abierta y colaborativa, donde los gobiernos se configuran como plataformas que facilitan la interacción con los ciudadanos y otros actores sociales, promoviendo soluciones compartidas a los desafíos públicos. En este contexto, el gobierno abierto se concibe como una filosofía político-administrativa y como una alternativa de gestión pública que aporta valor en todas las etapas del ciclo de las políticas públicas —desde el diseño hasta la implementación, el control y la evaluación—, ubicando al ciudadano en el centro de la acción gubernamental.
Gobierno abierto y desarrollo sostenible
La Agenda 2030 de Naciones Unidas reconoce que instituciones transparentes e inclusivas son fundamentales para lograr sociedades más justas y sostenibles. En particular, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 (ODS 16) propone construir instituciones eficaces, responsables y que rindan cuentas a todos los niveles, promoviendo sociedades pacíficas e inclusivas. Estos principios de buen gobierno –acceso a la información, participación pública y rendición de cuentas– son instrumentos necesarios para cumplir muchas de las metas de desarrollo sostenible. En otras palabras, el gobierno abierto proporciona una plataforma para acelerar el logro de los ODS, ya que al hacer más transparente la gestión y empoderar a la ciudadanía, se mejora la implementación de políticas en áreas como educación, salud, igualdad de género, acción climática y reducción de la pobreza. Un gobierno local abierto puede orientar mejor sus recursos a las prioridades reales de la comunidad, mejorar la calidad de los servicios públicos y fortalecer la confianza de la población en sus instituciones, creando un círculo virtuoso que impulsa el desarrollo sostenible con igualdad.
Alianza para el Gobierno Abierto (septiembre de 2015). ¿Cómo puede un gobierno abierto promover la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Disponible en: https://www.opengovpartnership.org/stories/como-puede-un-gobierno-abierto-promover-la-aplicacion-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible
Es importante destacar que el gobierno abierto también conlleva fortalecimiento institucional e innovación democrática. Al adoptar prácticas abiertas, los gobiernos locales mejoran sus mecanismos internos de gestión y coordinación, volviéndose más eficientes y receptivos. Asimismo, innovan democráticamente al experimentar con nuevas formas de participación (por ejemplo, presupuestos participativos en línea, foros deliberativos, laboratorios de innovación cívica, etc.), lo cual complementa la democracia representativa tradicional. Todo esto contribuye a instituciones más sólidas, capaces de planificar e implementar políticas de largo plazo alineadas con el desarrollo sostenible.
A continuación, exploraremos buenas prácticas de gobierno abierto en el ámbito local de cinco países latinoamericanos (México, Colombia, Perú, Argentina y Chile). Estas experiencias concretas –desde portales de datos abiertos hasta presupuestos participativos– han contribuido al fortalecimiento institucional, la innovación democrática y el cumplimiento de objetivos de desarrollo en sus comunidades. Cada ejemplo está respaldado por fuentes oficiales o de organizaciones especializadas, para brindar evidencia verificable del valor transformador del gobierno abierto a nivel subnacional.
Experiencias destacadas en gobiernos locales de América Latina
México: Co-creación y apertura en el ámbito local
En México, diversos estados y municipios han emprendido iniciativas de gobierno abierto con resultados positivos. Un caso notable es el estado de Jalisco, que conformó un Secretariado Técnico Local donde gobierno, sociedad civil, sector privado y academia trabajan juntos en una agenda de apertura. La implementación de la agenda de gobierno abierto en Jalisco ha fortalecido la credibilidad del gobierno y fomentado la participación ciudadana en iniciativas y políticas públicas.
Este espacio de diálogo y co-creación ha permitido identificar problemas locales y solucionarlos de forma colaborativa, mediante compromisos concretos en materia de transparencia, combate a la corrupción y servicios más participativos. Por ejemplo, Jalisco ha desarrollado plataformas de datos abiertos y mecanismos de contraloría social donde los ciudadanos pueden monitorear obras públicas y proponer mejoras. También ha impulsado ejercicios de presupuesto participativo a nivel municipal, asegurando que las decisiones de inversión respondan a las necesidades planteadas por la gente. Estas acciones han servido de modelo para otras entidades en México, mostrando cómo la apertura y la co-creación con la sociedad pueden traducirse en gobiernos locales más efectivos y cercanos a la ciudadanía. Cabe mencionar que a nivel nacional, organismos como el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) han apoyado esquemas de Gobierno Abierto en lo local, coordinando esfuerzos para replicar buenas prácticas de participación y transparencia en numerosos municipios del país.
Colombia: Participación masiva y colaboración en Nariño
Colombia ha sido pionera en impulsar el gobierno abierto desde lo local, aprovechando la tradición de participación ciudadana. Un ejemplo emblemático es el Departamento de Nariño, en el suroccidente del país. La Gobernación de Nariño adoptó una política ambiciosa de gobierno abierto llamada Gobierno Abierto Nariño (GANA), que incluye mecanismos innovadores de participación en prácticamente todos sus municipios. A través de la estrategia “Gana Municipales”, el gobierno departamental organizó jornadas de presupuestación participativa en 59 municipios, involucrando a la población en la decisión de cómo invertir recursos públicos. Más de 113 mil personas –de zonas urbanas y rurales, incluso en comunidades apartadas– participaron en la priorización y votación de proyectos de desarrollo local. Esta amplia consulta ciudadana permitió identificar las necesidades más urgentes en áreas como salud, educación, infraestructura, cultura y ambiente, y asignar presupuesto a proyectos que responden a esas prioridades comunitarias. De hecho, gracias a este proceso se financiaron iniciativas que usualmente quedarían relegadas; por ejemplo, un proyecto de dotación de instrumentos musicales para escuelas de música (“Vientos del Sur”) obtuvo apoyo, algo poco común cuando se decide de manera centralizada.
Otro componente destacado en Nariño fue la creación de espacios permanentes de diálogo entre la ciudadanía y las autoridades para la construcción de políticas. Mediante la plataforma Alianza Nariño Decide, la sociedad civil pudo organizar diálogos abiertos en los que los habitantes identificaban y priorizaban las necesidades de su territorio. Esas propuestas fueron luego puestas a consideración de candidatos y autoridades, con el fin de incorporarlas en los planes de desarrollo local. Esta iniciativa surgió en un contexto difícil –marcado por la violencia y riesgos para líderes sociales–, por lo que ofrecer canales institucionales para la participación colectiva fue clave para fortalecer la cohesión social y la confianza en la gestión pública local. Nariño se convirtió así en un referente nacional e internacional: fue uno de los primeros gobiernos subnacionales de Colombia en unirse formalmente a la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) y ha sido reconocido por su liderazgo en transparencia y participación. La experiencia de Nariño demuestra que incluso en contextos complejos, un enfoque de gobierno abierto puede empoderar a la ciudadanía, mejorar la planificación territorial y promover la innovación democrática desde la esfera local.
Perú: Transparencia municipal e innovación en datos abiertos
En Perú, el empuje hacia gobiernos abiertos locales se ha dado principalmente a través de la transparencia fiscal y la participación en la gestión municipal. Un caso ilustrativo es el de la Municipalidad de Miraflores en Lima, que fue pionera al lanzar el primer portal de datos abiertos de un gobierno local en el país. Esta plataforma digital, creada en 2015 tras la adopción de una “Carta de Gobierno Abierto” municipal, puso a disposición del público una gran variedad de datos e información de la gestión local. A través del portal, cualquier ciudadano puede acceder a datos sobre el presupuesto municipal (ingresos y gastos), obras y proyectos de inversión, compras y contrataciones, estadísticas de demografía, infraestructura, educación, comercio, entre otros. La iniciativa no solo mejoró la transparencia del municipio, sino que también invitó a la comunidad a utilizar y reutilizar la información para vigilancia ciudadana, periodismo de datos o desarrollo de aplicaciones cívicas. Autoridades locales como el alcalde de Miraflores destacaron que esto requería coordinar todas las áreas de la municipalidad para publicar información fidedigna y actualizada, rompiendo silos burocráticos y fortaleciendo la gestión institucional.
Los resultados fueron muy positivos: Miraflores se convirtió en el único gobierno local peruano con un portal de datos abiertos operativo en ese momento, lo que motivó a otros municipios a seguir el ejemplo. De hecho, el gobierno central (Presidencia del Consejo de Ministros) instauró posteriormente un reconocimiento anual para incentivar a gobiernos regionales y municipalidades a publicar datos abiertos y a competir sanamente por la excelencia en transparencia. En 2021, por ejemplo, distritos como Ventanilla en la provincia del Callao ganaron el primer puesto nacional por sus avances en apertura de datos, seguidos de municipios como Callao (provincia) y San Martín de Porres (Lima).
Asimismo, Perú ha institucionalizado mecanismos de participación a nivel subnacional, como el presupuesto participativo (obligatorio por ley desde 2003 para todos los municipios), en el cual ciudadanos y organizaciones locales deciden conjuntamente una parte de las inversiones municipales cada año. Estas prácticas han contribuido a una gestión más inclusiva y orientada a resultados: por un lado, promueven la rendición de cuentas (al exponer claramente en qué se usan los fondos públicos) y por otro, aseguran que las políticas locales estén alineadas con las prioridades de la población, avanzando así en múltiples objetivos de desarrollo (por ejemplo, infraestructura básica, seguridad ciudadana, espacios públicos de calidad, etc.). La experiencia peruana evidencia cómo la transparencia proactiva y la apertura de datos, combinadas con la participación ciudadana institucionalizada, pueden innovar la administración municipal y acercar el gobierno a la gente.
Argentina: Co-creación para mejorar servicios públicos en Buenos Aires
En Argentina, muchos esfuerzos de gobierno abierto han florecido a nivel de ciudades y provincias. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital del país, destaca por su trayectoria en esta materia. Buenos Aires fue seleccionada en 2015 como miembro del programa piloto de Gobiernos Locales de la Alianza para el Gobierno Abierto, integrándose a una red global de ciudades comprometidas con la transparencia y la participación. A partir de entonces, la ciudad estableció un espacio formal de diálogo entre el gobierno porteño y organizaciones de la sociedad civil para co-crear sus planes de acción en gobierno abierto. Gobierno y ONG literalmente se sentaron en la misma mesa para definir conjuntamente las prioridades de apertura, adaptadas a las necesidades locales.
El resultado de esta colaboración se reflejó en políticas públicas concretas. En 2016 Buenos Aires co-creó, junto a más de 15 organizaciones civiles, cinco compromisos de gobierno abierto enfocados en áreas clave: salud, transporte, educación, justicia y participación barrial. Estas iniciativas buscaron aprovechar la dimensión local para aplicar soluciones innovadoras, mejorando los servicios públicos y la calidad de vida de los ciudadanos. Por ejemplo, uno de los compromisos fue la creación de BA Elige, una plataforma de participación donde los vecinos proponían y votaban proyectos para sus barrios (similar a un presupuesto participativo moderno); otros proyectos incluyeron la apertura de datos de transporte público para aplicaciones de movilidad y la publicación de indicadores de escuelas y hospitales para que las personas puedan monitorear su desempeño. Además, Buenos Aires involucró a los tres poderes del Estado local (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en esta agenda, sentando las bases de un enfoque de “Estado Abierto” integral.
La continuidad de estas políticas ha sido asegurada mediante sucesivos planes de acción de gobierno abierto de la Ciudad (segundo plan en 2018, tercer plan en 2021, y actualmente un cuarto plan en elaboración). Cada plan profundiza compromisos en áreas como transparencia fiscal, datos abiertos, participación digital y justicia abierta. Por ejemplo, Buenos Aires se comprometió recientemente a fortalecer la protección de los datos personales de los ciudadanos, a promover la acción climática participativa a través de su Plan de Acción Climática, y a impulsar la innovación institucional mediante laboratorios de innovación que hagan más inclusivas las elecciones y otros procesos cívicos. Estos esfuerzos demuestran cómo el gobierno abierto puede entrelazarse con las prioridades de desarrollo urbano sostenible: desde la lucha contra el cambio climático con participación comunitaria, hasta la modernización del sistema electoral local para hacerlo más accesible e inclusivo. La experiencia bonaerense evidencia el valor de la co-creación con la ciudadanía: las políticas resultantes tienden a ser más efectivas y legítimas, al reflejar la inteligencia colectiva de la sociedad, y han generado reconocimiento internacional para la ciudad en materia de innovación gubernamental.
Chile: Modelo de apertura en municipios para fortalecer la gestión local
En Chile, si bien el gobierno abierto ha tenido mayor énfasis a nivel central en años anteriores, recientemente se ha extendido con fuerza hacia el nivel municipal. Reconociendo que los municipios son la “primera línea” de contacto con la ciudadanía, el país desarrolló un Modelo de Gobierno Abierto Municipal para incentivar a las comunas a adoptar principios de transparencia y participación en su gestión cotidiana
Este esfuerzo ha sido liderado por el Consejo para la Transparencia (organismo autónomo chileno encargado de la transparencia y acceso a la información), en conjunto con siete municipalidades piloto de distintas regiones y con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil como Fundación Ciudadano Inteligente y Chile Transparente.
El modelo, creado en el marco del tercer Plan de Acción de Chile ante OGP, ofrece una hoja de ruta común para los gobiernos comunales en materia de gobierno abierto. Incluye herramientas de diagnóstico, guías de planificación y estándares que las municipalidades pueden aplicar para evaluar su situación en cuatro ámbitos: transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y colaboración con la sociedad civil. A partir de ese diagnóstico, cada municipio diseña e implementa su propio plan local de acción, alineado con los estándares internacionales pero adaptado a su realidad local, y siempre con la participación activa de la comunidad en la co-creación de compromisos. De esta manera, se busca que los principios de gobierno abierto queden anclados en la gestión municipal y no dependan solo de voluntades individuales, sino de prácticas institucionalizadas en procesos, reglamentos y cultura organizacional.
Un aspecto innovador de la iniciativa en Chile es el desarrollo de herramientas tecnológicas comunes para todos los municipios participantes. Por ejemplo, se creó y piloteó una Plataforma de Transparencia Presupuestaria Municipal que permite publicar información contable y presupuestaria local de forma estandarizada y comprensible para la ciudadanía.
Mediante visualizaciones fáciles de entender, los vecinos pueden consultar cuánto y en qué se gasta el dinero municipal, compararlo con presupuestos de otros municipios, y así ejercer control social informado. Esta plataforma, tras un piloto exitoso en 2017-2018, se está promoviendo para su adopción masiva y para que sus datos se integren al portal nacional de datos abiertos, facilitando un ecosistema unificado de información pública. Asimismo, el modelo chileno enfatiza la creación o mejora de mecanismos locales de participación, como cabildos abiertos, consejos consultivos comunales, consultas ciudadanas en línea, presupuestos participativos y otras instancias donde la ciudadanía pueda incidir en las decisiones municipales. En concreto, uno de los objetivos planteados es “incrementar, formalizar y perfeccionar los espacios municipales y mecanismos habilitados para la participación ciudadana, la colaboración con la sociedad civil y la rendición de cuentas”. Esto implica que cada municipio adopte buenas prácticas de diálogo con sus comunidades, institucionalice la rendición de cuentas periódica del alcalde y concejales, y trabaje de la mano con organizaciones locales para co-gestionar soluciones a problemas públicos.
La estrategia de Chile de unificar un modelo municipal abierto está contribuyendo a difundir la cultura de la transparencia y la participación en territorios alejados de la capital, reduciendo brechas y fortaleciendo la democracia local. Con más municipios adheridos, se espera en el mediano plazo una mejora tangible en la calidad de los servicios municipales, soluciones más pertinentes a las necesidades de cada comunidad y, en última instancia, un impacto positivo en la calidad de vida de la población. Chile muestra así cómo la colaboración entre instituciones públicas nacionales, gobiernos locales y sociedad civil puede generar una política pública innovadora que transforma la gestión municipal en beneficio del desarrollo sostenible de las ciudades y comunidades.
En América Latina, la agenda de gobierno abierto ha echado raíces a nivel local: desde pequeñas municipalidades rurales hasta grandes capitales, cada vez más gobiernos subnacionales están adoptando los valores de transparencia, participación y colaboración como parte de su ADN institucional. El apoyo de redes y organizaciones (tanto gubernamentales como de la sociedad civil) ha sido crucial para difundir buenas prácticas y adaptar modelos exitosos a distintos contextos. Sin embargo, persisten desafíos importantes, como asegurar la continuidad de estas iniciativas más allá de los cambios de administración, o lograr que la cultura de la apertura impregne todas las áreas de la gestión pública local.
Finalmente, sensibilizar a la ciudadanía sobre sus derechos de acceso a la información y participación es igual de importante: un gobierno abierto solo funciona plenamente con ciudadanos activos, informados y comprometidos. Por ello, sitios como OpenGov Latam y otras plataformas de difusión cumplen un rol fundamental al compartir historias de éxito, herramientas y lecciones aprendidas. Inspirarse en experiencias probadas puede motivar a más líderes locales y comunidades a emprender su propio camino de apertura. En suma, el gobierno abierto es mucho más que una moda o un concepto abstracto: es una vía comprobada para fortalecer la democracia y el desarrollo desde lo local, construyendo juntos un futuro más sostenible, justo y transparente en América Latina.
Fuentes consultadas: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Gobierno de Chile (Consejo para la Transparencia); Presidencia del Consejo de Ministros de Perú; Gobierno Abierto Nariño (Colombia); Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto Jalisco (México); Alianza para el Gobierno Abierto (OGP); CEPAL; OIDP; entre otros. Todas las iniciativas y datos mencionados cuentan con respaldo en documentos oficiales o portales institucionales, tal como se indica en los enlaces a lo largo del texto.
Recursos bibliográficos:
- Alejandra Naser, Álvaro Ramírez-Alujas, Daniela Rosales (editores), Desde el gobierno abierto al Estado abierto en América Latina y el Caribe, Libros de la CEPAL, N° 144 (LC.PUB.2017/9-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2017.
- Ozlak O.. y Kaufman E. (2014). Teoría y práctica del gobierno abierto: Lecciones de la experiencia internacional.
- Pallarés Domínguez D, Gobierno abierto: una concepción ética para la educación democrática, en Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 73, Feb. 2019, pp. 81-110, ISSN 1315-2378.
- Open Government Partnership (OGP), Handbook: Rules and Guidance for Participants, 2020.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Plan de gobierno abierto: una hoja de ruta para los gobiernos de la región. (LC/L.3802/REV.1), Santiago, 2017.
- Open Government Partnership (OGP), Participation and Co-creation Toolkit.
- Hernández, J., Gandur, M. P., & Najles, J. (2014). Gobierno municipal abierto en América Latina: de la proximidad administrativa a la acción colaborativa. Washington: OEA.
- Acción Colectiva, Instrumentos de gobierno abierto en Rosario: un arma de construcción masiva, 2020.
