Diagnóstico de Municipios del Oriente del Estado de México

Contexto General del Oriente del Estado de México

El oriente del Estado de México – incluyendo Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Texcoco y Valle de Chalco Solidaridad – constituye la zona conurbada más poblada y socialmente vulnerable de la entidad. Estos diez municipios suman varios millones de habitantes y concentran una proporción significativa de la población en situación de pobreza del estado. A diario, cientos de miles de habitantes de esta región viajan largas distancias hacia la Ciudad de México para trabajar, evidenciando desequilibrios territoriales en oportunidades económicas. No obstante su cercanía a la capital, esta zona ha enfrentado históricamente rezagos sociales y deficiencias en servicios básicos, reflejando fuertes contrastes con la vecina Ciudad de México en términos de bienestar y desarrollo.

En 2025 el Gobierno Federal anunció un Plan Integral “Amor con amor se paga” específicamente dirigido a estos municipios, con acciones en materia de agua potable, drenaje, salud, educación, transporte público, seguridad y mejoramiento urbano. El objetivo es elevar el bienestar social y la seguridad, partiendo de las condiciones de línea base que se describen a continuación. Este diagnóstico sintetiza los principales indicadores recientes (2020–2024) en educación, salud, seguridad pública, así como en calidad gubernamental, transparencia y rendición de cuentas, utilizando datos oficiales federales (INEGI, CONEVAL, SEP, SESNSP, SFP, etc.), estatales y municipales, además de informes de organizaciones civiles. Las estadísticas presentadas permiten dimensionar la situación inicial de la zona oriente del Edomex contra la cual deberá medirse el impacto del Plan Integral.

Educación: Rezago Educativo y Oferta Académica

En materia de educación, los diez municipios del oriente mexiquense presentan avances importantes en cobertura básica, pero aún muestran rezagos en niveles superiores y calidad educativa. La alfabetización es alta en términos porcentuales (la tasa de analfabetismo en el Estado de México bajó a 2.9% en 2020, desde 6.4% en el año 2000, según el Censo), lo que implica que más del 97% de los jóvenes y adultos saben leer y escribir. Sin embargo, persiste el rezago educativo medido como la población que no concluyó la educación obligatoria. Muchos habitantes mayores de 15 años no terminaron la secundaria o el bachillerato. De hecho, a nivel nacional los municipios con mayores niveles de rezago educativo suelen ser rurales, pero en la periferia urbana del Edomex el fenómeno también es significativo: por ejemplo, en 2020 Chimalhuacán y Chalco tenían a más de la mitad de su población en pobreza, lo cual usualmente correlaciona con bajos grados escolares promedio.

Aunque no se cuentan con datos municipales detallados en esta sección, la Encuesta Intercensal 2015 y el Censo 2020 mostraban que en municipios como Ecatepec o Chimalhuacán una proporción considerable de adultos jóvenes no continuaba más allá de la secundaria. Programas federales como el extinto Prospera o locales como becas estatales buscaban abatir el abandono escolar, pero los desafíos persisten. La pandemia de COVID-19 (2020–2021) probablemente agravó el abandono escolar en estas localidades: el cierre prolongado de escuelas, sumado a la falta de conectividad digital en zonas vulnerables, dejó a muchos estudiantes rezagados. Si bien no hay cifras públicas desagregadas por municipio, el Estado de México reportó caídas en la matrícula de nivel medio superior durante el ciclo 2020-2021, lo cual afectó desproporcionadamente a municipios populares donde muchos hogares carecían de equipos o internet para educación a distancia.

Otro indicador crítico es la absorción a la educación media y superior. Históricamente, ha existido una escasez de instituciones de educación superior en la zona oriente. Jóvenes de municipios como Valle de Chalco, Ixtapaluca o La Paz suelen trasladarse largos tramos si desean cursar una carrera universitaria, pues la oferta local se ha limitado a algunos institutos tecnológicos o extensiones de universidades estatales. Por ejemplo, Texcoco alberga la Universidad de Chapingo (enfocada en agronomía) y Nezahualcóyotl cuenta con la Universidad Tecnológica local, pero muchos municipios carecen de campus universitarios públicos completos. Esto redunda en bajas tasas de educación superior entre los residentes. El Plan Integral 2025 busca atacar esta carencia anunciando la construcción de una universidad pública en cada uno de los 10 municipios, además de 20 nuevas preparatorias o bachilleratos. Esta iniciativa sin precedentes apunta a que ningún joven de la región se quede sin oportunidad de estudios profesionales cerca de su comunidad.

Los indicadores educativos de base muestran la necesidad de tal intervención. De acuerdo con CONEVAL, el rezago educativo (personas con primaria incompleta o menores fuera de la escuela) en el Edomex era del 17.2% en 2020 (promedio estatal) – mayor al promedio nacional de ~16% en ese entonces. Municipios como Chimalhuacán presentaban rezagos educativos aún mayores (posicionados entre los 15 municipios urbanos con mayor rezago a nivel nacional) debido a generaciones que no concluyeron la escuela básica durante décadas de marginación. Por contraste, Tlalnepantla y Texcoco han logrado mejores resultados educativos, con población más escolarizada en promedio; Tlalnepantla, por ejemplo, es sede de importantes industrias y un campus de la UNAM (FES Iztacala) en sus cercanías, lo que ha elevado el nivel educativo medio de su población.

En resumen, la región muestra un contraste educativo: la alfabetización básica es casi universal, pero muchos jóvenes no acceden o concluyen el bachillerato y la universidad, en buena medida por falta de infraestructura educativa local y por necesidades económicas que los obligan a trabajar tempranamente. Esta realidad de 2020 conforma la línea base desde la cual se medirá el impacto de las acciones como nuevas escuelas (Programa La Escuela es Nuestra) y universidades anunciadas en el Plan Integral. Si dichas acciones tienen éxito, en los próximos años se debería observar un aumento en la matriculación de preparatoria y superior en estos municipios, y una reducción del rezago educativo.

Panorama Socioeconómico y Pobreza

Los municipios analizados destacan por altos niveles de marginación urbana y pobreza en términos absolutos. El Estado de México en su conjunto tenía alrededor de 8.34 millones de personas en pobreza hacia 2020, equivalentes al 48.8% de la población estatal. Una fracción importante de esa población pobre se concentra precisamente en estos municipios orientales. De hecho, Ecatepec de Morelos es el municipio con mayor número de personas en situación de pobreza de todo el estado (y el segundo a nivel nacional), con cerca de 786 mil habitantes pobres. Esto representa algo mayor al 50% de la población de Ecatepec viviendo en pobreza. Otros municipios de la región también figuran entre los más afectados del país: Nezahualcóyotl cuenta con 523 mil personas en pobreza (46.5% de sus habitantes), Toluca (no parte de la zona oriente) registra 511 mil, Chimalhuacán 493 mil, y Naucalpan 382 mil, según datos del CONEVAL basados en el Censo de 2020. La tabla 1 resume indicadores poblacionales y de pobreza para los municipios en estudio:

Tabla 1. Población y niveles de pobreza en municipios seleccionados (Censo 2020 y estimaciones CONEVAL)

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI) y estimaciones de pobreza municipal CONEVAL. n.d.: dato no disponible en fuentes consultadas. Los porcentajes estimados están basados en datos oficiales parciales o rangos estatales.

Como se observa, la mayoría de estos municipios tienen cerca de la mitad o más de su población en situación de pobreza. Destacan Ecatepec, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco, Chicoloapan – todos con más del 50% de habitantes pobres en 2020. Nezahualcóyotl ronda el 46.5%, mientras que municipios como Tlalnepantla y Texcoco presentan porcentajes menores (aunque de cualquier modo significativos, en el orden de 30–40%). En términos absolutos, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca y Chimalhuacán encabezaron el aumento de población en pobreza durante la década previa: Ecatepec sumó ~156 mil personas pobres adicionales entre 2010 y 2020, e Ixtapaluca +172 mil, solo por detrás de León (Guanajuato) a nivel nacional. Este deterioro socioeconómico se atribuye tanto al crecimiento demográfico en la periferia metropolitana como a estancamiento económico y políticas sociales insuficientes en ese periodo.

La pobreza extrema, aunque porcentualmente menor, afecta a decenas de miles de personas en la región. En Nezahualcóyotl, por ejemplo, 5.1% de la población (57,915 personas) vive en pobreza extrema. Ecatepec registraba un preocupante 15.7% en pobreza extrema según algunas fuentes, aunque estimaciones estatales sitúan el promedio de pobreza extrema alrededor de ~6% de la población (poco más de un millón de mexiquenses). Es posible que Ecatepec –dada su gran población total– concentre una proporción importante de los casos extremos. Municipios como Chimalhuacán, Valle de Chalco e Ixtapaluca, con altos niveles de marginación urbana, también habrían presentado porcentajes de pobreza extrema cercanos o superiores al promedio estatal (entre 5% y 10%). Estos datos evidencian la vulnerabilidad severa de un segmento de la población que carece de lo más básico para una vida digna.

No obstante la alta pobreza monetaria, según el Índice de Rezago Social (que mide carencias educativas, de servicios y vivienda), varios municipios del oriente mexiquense aparecen con rezago “medio” o incluso “bajo” en la clasificación nacional (por ejemplo, Chicoloapan es considerado de muy bajo rezago/marginación en términos relativos). Esto se explica porque, al ser zonas urbanas, muchos hogares cuentan con servicios básicos como electricidad o escuelas cercanas, lo que reduce ciertos indicadores de rezago. Aun así, persisten carencias importantes en vivienda y servicios públicos: en Chicoloapan, hasta 2020 se reportó que 5,604 viviendas carecían de agua entubada y 405 no tenían drenaje funcional; en Ecatepec colonias enteras (e.g. Laguna de Chiconautla) llevan 30 años sin acceso a drenaje adecuado, sufriendo inundaciones regularmente. La calidad de la vivienda también refleja privaciones: en Nezahualcóyotl, alrededor de 490 casas aún tenían piso de tierra y unas 1,944 con techos de lámina o material endeble – cifras relativamente bajas dados sus más de 1.1 millones de habitantes, indicador de cierta mejora histórica en ese municipio. En contraste, Chicoloapan todavía tenía 815 viviendas con piso de tierra y más de 3,400 hogares con hacinamiento crítico (varias familias compartiendo vivienda). Estos contrastes intrarregionales muestran que, si bien la infraestructura básica está más extendida que en zonas rurales, hay núcleos urbanos con alta densidad y condiciones habitacionales precarias en la periferia metropolitana.

En síntesis, el oriente del Edomex parte de una situación de amplia pobreza multidimensional, con ingresos insuficientes para una gran parte de sus habitantes, pero también con desigualdades internas: algunas áreas han logrado reducir rezagos educativos y de servicios, mientras otras colonias subsisten en marginación. Este diagnóstico socioeconómico de base justifica la escala de las intervenciones anunciadas –desde construcción de viviendas y entrega de escrituras, hasta dotación de servicios básicos– como parte del Plan Integral 2025.

Salud Pública: Cobertura Sanitaria e Infraestructura

La situación de salud en los municipios del oriente del Edomex al inicio de la década es caracterizada por una cobertura fragmentada y una infraestructura insuficiente, pese a ser zonas densamente pobladas. De acuerdo con el Censo 2020, el Estado de México tenía uno de los porcentajes más altos de población sin acceso garantizado a servicios de salud. En ese año, alrededor del 20% de los mexiquenses no estaba afiliado a ninguna institución de salud (IMSS, ISSSTE, Seguro Popular/INSABI, etc.), cifra superior a la media nacional (~16%). En municipios como los analizados, con altos niveles de empleo informal y pobreza, esta carencia era probablemente mayor al promedio estatal. Por ejemplo, Ecatepec en 2020 presentaba que apenas 40.8% de su población tenía ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, lo cual sugiere que la mayoría dependía de los servicios públicos gratuitos de salud (INSABI en ese momento) o carecía de atención médica regular.

La infraestructura de salud disponible antes de 2024 mostraba claros déficits. Muchos de estos municipios cuentan con unidades de atención primaria (centros de salud) saturadas y pocos hospitales generales. Varios proyectos hospitalarios quedaron inconclusos durante administraciones estatales previas. Un caso emblemático es el Hospital General de Chicoloapan, cuya construcción inició hace más de una década pero quedó abandonada durante años por falta de inversión, ocasionando que la población de Chicoloapan y La Paz tuviera que desplazarse a hospitales de Texcoco o Nezahualcóyotl para atención especializada. Situaciones similares ocurrieron con hospitales proyectados en Ecatepec (ej. Hospital Oncológico) o Valle de Chalco. De hecho, se documentó que al término del gobierno anterior quedaban 10 hospitales sin concluir en el Estado de México, varios en esta región, pese a haberse ejercido casi 1,000 millones de pesos en ellos. Esta herencia de infraestructura médica inconclusa forma parte de la línea base que el nuevo Plan Integral pretende revertir, al anunciar la puesta en marcha de dichos nosocomios pendientes.

En términos de dotación de personal y servicios, el índice de médicos y camas por habitante en estos municipios era bajo. El Estado de México históricamente ha estado por debajo de la recomendación de la OMS de 1 cama hospitalaria por cada 1,000 habitantes; municipios como Ecatepec, con población comparable a la de una entidad federativa pequeña, contaban con apenas un puñado de hospitales generales. Las consecuencias se evidenciaron crudamente durante la pandemia de COVID-19: hospitales como el Las Américas de Ecatepec o el Hospital General de Nezahualcóyotl (La Perla) se vieron rebasados por pacientes, y Ecatepec llegó a encabezar la cifra de defunciones por COVID-19 en el Edomex en 2020 (solo por detrás de Iztapalapa a nivel nacional). Este exceso de mortalidad fue resultado de la alta densidad poblacional combinada con la insuficiente capacidad hospitalaria local.

A nivel de atención primaria, antes de 2025 cada municipio contaba con algunos centros de salud municipales o estatales, pero con servicios limitados. La carencia de equipos para diagnósticos, laboratorios y medicamentos era un reclamo común de la ciudadanía. Por ejemplo, para realizarse análisis clínicos especializados o recibir tratamientos oncológicos, los pacientes de municipios orientales debían acudir a Toluca o incluso a la Ciudad de México, por la ausencia de esas especialidades en la región. Las estadísticas de salud pública reflejaban también problemas prevenibles: altas tasas de embarazo adolescente y mortalidad materna en municipios como Chimalhuacán o Chalco se han asociado con la falta de acceso oportuno a servicios de salud reproductiva. Precisamente Chimalhuacán figuró durante años con uno de los índices más altos de muerte materna en la zona metropolitana, situación que motivó la exigencia de mejores unidades de obstetricia.

En síntesis, el diagnóstico de salud 2020-2024 indica cobertura médica incompleta e infraestructura rezagada en la región. Esta condición inicial explica por qué el Plan Integral incluye acciones como: construir un Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) en cada municipio, inaugurar un hospital oncológico en Ecatepec y un hospital general de 200 camas para Neza-Chimalhuacán, así como concluir hospitales abandonados (por ejemplo, los de Valle de Chalco – Hospital IMSS Bienestar de Valle Ceylán – y Chicoloapan). También se ha implementado el programa “La Muestra Viaja” para agilizar el procesamiento de análisis clínicos tomando muestras en los centros de salud periféricos. Estas medidas, dirigidas a subsanar la red de servicios médicos, podrán evaluarse en su impacto con indicadores como la reducción en el porcentaje de población sin cobertura de salud, o la disminución de los tiempos de espera y referencias fuera del municipio. La línea base sugiere un amplio margen de mejora: a inicios de 2025, prácticamente todos estos municipios carecían de un hospital general completo propio, y la mitad de sus habitantes o más dependían de la frágil red pública de salud. El éxito del Plan se medirá en cuán rápido logren revertir estos indicadores de carencia en salud.

Seguridad Pública: Incidencia Delictiva y Violencia

La seguridad pública es uno de los temas más críticos en esta región metropolitana. Los municipios del oriente del Edomex han registrado tradicionalmente altas tasas de delitos patrimoniales y hechos de violencia, situándose en los primeros lugares nacionales en varios rubros delictivos. Si bien en los últimos años (2022–2024) se ha observado una tendencia a la baja en los homicidios en el estado, la situación de inseguridad seguía siendo grave en la línea base del Plan Integral.

En 2024, el Estado de México promedió alrededor de 4.6 homicidios dolosos diarios, habiendo descendido desde 6.6 diarios en septiembre de 2024 gracias a esfuerzos de seguridad previos. Esta reducción situó la tasa anualizada de homicidios en Edomex cerca de ~17 por 100 mil habitantes (menor que la media nacional de ~25, influida por estados con violencia extrema). Sin embargo, por su gran población, Edomex sigue aportando una proporción significativa de los homicidios absolutos del país (fue la tercera entidad con más homicidios totales en 2024). Dentro del estado, Ecatepec figuraba entre los municipios con mayor número de homicidios. Aunque los municipios más violentos en tasa por habitante suelen ubicarse en otras regiones del país, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla reportaron decenas de asesinatos al año cada uno. La zona ha sufrido también masacres puntuales ligadas al crimen organizado (por ejemplo, eventos violentos en La Paz e Ixtapaluca en años recientes), reflejando la infiltración de cárteles en corredores metropolitanos. La respuesta institucional de línea base ha sido fragmentada: hasta 2024 cada municipio manejaba su propia policía preventiva municipal con capacidades desiguales, y la coordinación con la Policía Estatal y Guardia Nacional presentaba retos.

Más allá de los homicidios, los delitos de alto impacto para la ciudadanía en esta región son los robos (a transeúnte, transporte público, negocio, casa habitación) y la extorsión. El Estado de México ocupó consistentemente el primer o segundo lugar nacional en incidencia de robos. Tan solo en 2024 se registraron 16,807 robos con violencia a transeúntes en la vía pública en Edomex, equivalente a 46 asaltos diarios. La tasa estatal de robo a transeúnte (182 por 100 mil hab.) fue casi triple de la media nacional, solo superada ligeramente por la Ciudad de México. Gran parte de esos delitos ocurrieron en la zona conurbada oriente: colonias de Ecatepec, Naucalpan, Neza o Tlalnepantla son focos rojos en cuanto a asaltos. Por ejemplo, se estima que Ecatepec y Nezahualcóyotl juntos concentraron una fracción importante de los robos violentos a pasajeros de transporte público en la ZMVM (estos municipios aparecen regularmente en las listas de rutas de transporte más peligrosas). La extorsión al transporte público es otro flagelo: combis y autobuses que circulan por Ixtapaluca, Chalco o los límites de Neza sufren cobros ilegales de grupos criminales, un problema ampliamente denunciado por transportistas locales.

La violencia de género merece especial mención como problema endémico. El Estado de México ha encabezado históricamente las cifras de feminicidios en el país, y varios de los municipios oriente fueron objeto de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres declarada en 2015. Ecatepec en particular se ha ganado la triste reputación de ser “uno de los municipios más peligrosos para las mujeres” en México. La región registra tasas elevadas de feminicidio y agresiones sexuales, atribuibles a factores como la desigualdad, la pobreza y la falta de acceso a la justicia. Pese a la Alerta de Género, en los años recientes la problemática no ha cedido e incluso incrementó en algunos rubros, con medidas preventivas insuficientes y atención limitada a las víctimas. Organizaciones civiles locales, como colectivas feministas en Chimalhuacán y Ecatepec, documentaron aumento de desapariciones de mujeres jóvenes y violencia familiar durante la pandemia, presionando por mayores acciones policiales especializadas. En respuesta, algunos ayuntamientos crearon células de búsqueda y policías de género (por ejemplo, Ecatepec estableció en 2023 una subdirección contra violencias de género y anunció 300 senderos seguros iluminados). Aun así, al inicio de 2025 la percepción de inseguridad entre las mujeres seguía siendo altísima.

En general, la percepción ciudadana de inseguridad en estos municipios era muy elevada como parte de la línea base. Encuestas como la ENSU (INEGI) consistentemente han ubicado a Ecatepec, Naucalpan o Nezahualcóyotl entre las ciudades donde más del 80% de la población se siente insegura. Los factores incluyen no solo la delincuencia, sino la escasa confianza en las policías municipales. Problemas de corrupción policial, abuso de autoridad e insuficiencia de patrullajes han minado la eficacia de la prevención del delito. Por ejemplo, se denunciaba que en Ecatepec había apenas ~120 patrullas operativas para más de 1.6 millones de habitantes en 2022, y en Chimalhuacán la policía municipal fue señalada por presuntos vínculos con grupos de choque del antiguo régimen local.

Ante este panorama, el Plan Integral de 2025 en seguridad propone un cambio estructural mediante la creación de un Mando Único policial para el oriente del Edomex. Esto significaría coordinar a todas las policías municipales de los 10 ayuntamientos con la Policía Estatal, la Secretaría de Seguridad federal, la Guardia Nacional y las fiscalías, bajo un solo esquema operativo. La intención es superar la fragmentación institucional que existía hasta 2024 y brindar una respuesta unificada al crimen en la zona metropolitana. Además, el plan contempla inversiones en iluminación pública (instalación de miles de luminarias nuevas) y la ampliación de la red de Senderos Seguros (andadores peatonales vigilados), con 1,000 km de nuevos senderos previstos en los 10 municipios. También se dotará a cada ayuntamiento de un “tren de pavimentación” para tapar baches, lo cual, si bien es una medida de infraestructura urbana, tiene implicaciones en seguridad ya que mejora la movilidad de patrullas y la seguridad vial. Sumado a esto, los programas sociales de bienestar en la región (jóvenes construyendo el futuro, becas, etc.) – que ya canalizan más de 33 mil millones de pesos beneficiando a 275 mil personas en estos municipios – buscan atender las causas socioeconómicas de la delincuencia.

Como línea base de seguridad, por tanto, se tiene: altos índices delictivos (especialmente robos y violencia de género) con tendencia a la baja en homicidios recientes; una población que percibe inseguridad y desconfía de sus cuerpos policiales; y esfuerzos incipientes de coordinación metropolitana que deberán intensificarse. La mejora en este rubro podrá medirse mediante indicadores como la reducción en la incidencia de robos violentos (meta: bajar de 46 robos diarios a transeúntes), la disminución sostenida de homicidios en la región, y el aumento en denuncias y atenciones efectivas en delitos de violencia familiar y género (lo que indicaría mayor confianza y mejor respuesta institucional).

Gobierno, Transparencia y Rendición de Cuentas

La calidad gubernamental en los municipios del oriente del Edomex ha sido un punto neurálgico, dado que problemas sociales persistentes suelen estar ligados a gestiones municipales insuficientes o prácticas de corrupción. En el periodo previo, la entidad en su conjunto figuró entre los peores evaluados en percepción ciudadana sobre corrupción. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021 (INEGI), un 89.8% de los mexiquenses de 18 años y más percibía la corrupción como frecuente en su estado, porcentaje por encima del promedio nacional de 86.3%. Este dato coloca al Estado de México entre las entidades con peor imagen de integridad pública a los ojos de sus habitantes. En concreto, trámites municipales cotidianos –como licencias de funcionamiento, pagos de agua o control de tránsito– han sido señalados por la ciudadanía como propensos a sobornos. En Ecatepec, Neza o Tlalnepantla abundan testimonios de “mordidas” solicitadas por algunos funcionarios o policías locales para agilizar servicios o evitar sanciones.

Más allá de la percepción, los resultados de gestión municipal han estado por debajo de las necesidades. Varios de estos ayuntamientos manejan presupuestos considerables pero con cuestionamientos sobre su efectividad. Ecatepec, por ejemplo, ejerció en 2023 un presupuesto de 5,810 millones de pesos – el más alto entre municipios mexiquenses – sin embargo, esa fuerte inversión no se tradujo en mejoras palpables en infraestructura ni seguridad. Líderes sociales han criticado que más de la mitad del presupuesto de Ecatepec se destinó a programas asistenciales dispersos (como “La Valedora” o la tarjeta “Arcoiris”) con tintes clientelares, en vez de a obras públicas que atiendan problemas estructurales. Este señalamiento ilustra una carencia de rendición de cuentas efectiva: los recursos no estarían llegando plenamente a resolver el desabasto de agua, el bacheo o la inseguridad, sino canalizados a acciones de corto plazo posiblemente orientadas a ganar apoyo electoral. En Chimalhuacán e Ixtapaluca, municipios controlados durante décadas por el grupo Antorcha Campesina (afín al antiguo partido gobernante), se denunciaron esquemas de clientelismo y opacidad en el uso de fondos – con líderes locales viviendo en opulencia mientras la población permanecía en pobreza. La alternancia política ocurrida en 2021 (cuando Morena ganó varias de estas alcaldías) sacó a la luz irregularidades en esos municipios, desde obras fantasmas hasta plantillas laborales abultadas con aviadores.

En cuanto a transparencia fiscal y administrativa, indicadores previos mostraban rezagos. El Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información (Aregional) colocó tradicionalmente al Estado de México entre los lugares bajos en cuanto a apertura de información presupuestal a nivel estatal; a nivel municipal, muchos de estos ayuntamientos incumplieron metas de publicación proactiva de datos. No obstante, ha habido avances aislados: Texcoco, por ejemplo, fue reconocido a mediados de la década por prácticas de gobierno abierto impulsadas por académicos locales; Nezahualcóyotl implementó un modelo de policía vecinal coordinada que le ganó cierto reconocimiento ciudadano a su gobierno municipal. Aun así, la confianza en las autoridades era limitada. Según la misma ENCIG 2021, el Edomex estaba entre las entidades con mayor prevalencia de experiencias de corrupción: 15 de cada 100 ciudadanos reportaron ser víctimas directas de actos de corrupción al realizar trámites o servicios públicos (aunque esta tasa habría disminuido ligeramente respecto a 2019).

Otro aspecto de calidad gubernamental es la capacidad administrativa. Muchos de estos municipios enfrentan escasez de personal calificado y alta rotación en puestos claves. Por ejemplo, encargados de obras públicas o seguridad cambiaban con cada trienio, dificultando la continuidad de proyectos. La falta de planeación urbana adecuada condujo a fenómenos como proliferación de asentamientos irregulares (Chicoloapan, Chalco) o permiso de fraccionamientos sin servicios (valle de Chalco). La coordinación metropolitana brilló por su ausencia en décadas anteriores – no hubo un ente supramunicipal eficaz para, digamos, gestionar integralmente el manejo de residuos, el transporte o el abasto de agua en la zona oriente. En este sentido, la incorporación del INAFED (Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal) al plan 2025 busca fortalecer las capacidades de los ayuntamientos con asistencia técnica y coordinación federativa.

En resumen, la línea base en gobernanza para estos municipios se caracteriza por: alta percepción y experiencias de corrupción, mecanismos de transparencia y control insuficientes, y gobiernos locales con recursos considerables pero con historial de baja efectividad en traducirlos en bienestar. Esta situación es precisamente la que el nuevo Plan Integral pretende afrontar, bajo el principio de “cero corrupción” y “gobierno del pueblo”. El involucramiento directo del Gobierno Federal en obras municipales (como la entrega de apoyos de mejoramiento urbano y construcción de infraestructura) sugiere un enfoque de supervisión más estrecha del uso de recursos. Asimismo, la presencia de la gobernadora estatal y los presidentes municipales en la presentación del Plan Integral indica un compromiso político conjunto que deberá reflejarse en mayor rendición de cuentas a la ciudadanía. Para medir avances en este rubro, se podrán atender indicadores como la reducción en la percepción de corrupción en próximas encuestas (ENCIG 2023–2025) o mejoras en índices de transparencia municipal. Igualmente, el éxito de proyectos como los hospitales terminados o las universidades construidas será prueba tangible de una mejor gestión pública comparada con administraciones anteriores que no concluyeron obras similares.

Conclusiones: Línea Base y Retos para el Plan Integral

El diagnóstico general de los municipios de la zona oriente del Estado de México en 2020–2024 revela una situación compleja, forjada por décadas de rezago social, explosión demográfica y gestión pública deficiente. Educación, salud y seguridad han sido ámbitos particularmente problemáticos, aunque no homogéneamente: conviven avances (alta alfabetización, expansión de servicios básicos) con brechas persistentes (abandono escolar, insuficiencia hospitalaria, violencia generalizada). En términos de bienestar social, la línea base muestra a la mayoría de estos municipios con pobreza masiva (entre 45% y 70% de su gente) y con miles de familias todavía en condiciones de pobreza extrema y vulnerabilidad. En el frente de seguridad pública, se parte de altos índices delictivos que erosionan la calidad de vida y requieren reconstruir capacidades policiales y de justicia. Y en gobernanza, se identifica un desafío de reconstruir la confianza ciudadana mediante gobiernos más eficientes y honestos, capaces de convertir la inversión pública en resultados tangibles.

El Plan Integral del Gobierno Federal para el Oriente del Edomex anunciado en 2025 busca atender estos retos de manera integral, con una inversión inicial de 13,500 millones de pesos en el primer año y más de 48 mil millones proyectados en el sexenio. Las condiciones de línea base aquí descritas permitirán, a futuro, medir el impacto de dicho Plan. Si las intervenciones logran sus objetivos, se esperaría ver en los próximos años: reducciones en los niveles de pobreza (medibles en la siguiente medición municipal de CONEVAL hacia 2025–2030), mejoras en los indicadores de salud (mayor cobertura y disminución de enfermedades prevenibles), incrementos en la escolaridad promedio y en la matrícula local de educación media-superior y superior, así como descensos en la incidencia delictiva (especialmente en robos y violencia contra mujeres). Del mismo modo, mejoras en índices de satisfacción ciudadana con servicios públicos (medidos por encuestas como ENSU o ENCIG) darían cuenta de avances en la capacidad gubernamental y la confianza recuperada.

En conclusión, los municipios de Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Texcoco y Valle de Chalco Solidaridad enfrentaban al iniciar 2025 grandes rezagos pero también una oportunidad histórica. El Plan Integral “Amor con amor se paga” busca saldar la deuda social con una región que “le ha dado mucho al país” en palabras de la Presidenta. Partiendo de una situación inicial caracterizada por pobreza, inseguridad y desconfianza institucional, el éxito del plan se medirá en qué tanto estos indicadores pueden cambiar de rumbo. Las estadísticas oficiales y de sociedad civil aquí recopiladas servirán como línea base para contrastar dentro de algunos años y verificar si, efectivamente, esta intervención integral logró pagar con desarrollo y bienestar el enorme rezago que por años ha padecido el oriente mexiquense.

Fuentes consultadas:

• INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020, resultados por municipio (población, educación, vivienda).
• CONEVAL, Medición de Pobreza Municipal 2020, datos de población en pobreza y rezago social (publicados en 2021).
• Presidencia de la República, Comunicado Plan Integral Oriente Edomex (04/May/2025) y declaraciones oficiales relacionadas.
• Diario El Universal / Infobae, reportajes sobre pobreza municipal en Edomex, marginación en colonias de Ecatepec y Chicoloapan.
• Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), cifras de incidencia delictiva 2022–2024 (homicidios dolosos, robos).
• INEGI, ENCIG 2021, percepción y prevalencia de corrupción (datos Estado de México).
• Informes de organizaciones civiles y medios: seguridad y violencia de género en Ecatepec (Infobae, Feb 2025), proyectos de infraestructura inconclusos en salud (OEM, Animal Político), entre otros.