Fortalecer el Plan Integral para el Estado de México desde lo local: transparencia, capacidades y participación ciudadana
1. Introducción
El reciente anuncio del Plan Integral “Amor con amor se paga” para diez municipios del oriente del Estado de México marca un hito en la atención a una de las regiones más rezagadas del país. La magnitud del reto —más de la mitad de su población en situación de pobreza, infraestructura abandonada, servicios públicos insuficientes— exige una intervención decidida del Estado. Sin embargo, la transformación duradera no vendrá únicamente de la inversión económica o de la ejecución de obras: será indispensable garantizar transparencia, fortalecer las capacidades institucionales de los municipios involucrados y, sobre todo, habilitar mecanismos efectivos de participación ciudadana. Solo así podrá traducirse este plan en una mejora genuina y sostenible del bienestar social.
2. Contexto y problemática
Los municipios incluidos en el plan —Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chalco, Ixtapaluca, Chicoloapan, La Paz, Valle de Chalco, Tlalnepantla y Texcoco— concentran una parte significativa de la pobreza urbana nacional. La marginación estructural de esta región se expresa en la precariedad de la vivienda, la insuficiencia de servicios públicos, las limitadas oportunidades educativas y la fragmentación institucional. Aunque algunos municipios han mostrado avances en servicios o programas sociales, persisten enormes retos de gobernanza: bajos niveles de confianza ciudadana en las autoridades locales, prácticas clientelares, escasa rendición de cuentas y limitada capacidad administrativa para planear, ejecutar y evaluar políticas públicas de alto impacto.
En este entorno, la ciudadanía ha encontrado canales limitados para incidir en las decisiones que afectan directamente su vida cotidiana. Las políticas públicas han tendido a operar en lógica vertical, sin incorporar sistemáticamente la voz de quienes conocen las necesidades reales del territorio. Sin mecanismos robustos de participación, los proyectos públicos corren el riesgo de reproducir ineficiencias, opacidad o incluso usos políticos discrecionales. Como lo demuestran múltiples experiencias internacionales y nacionales, la participación comunitaria mejora la calidad del gasto, incrementa la legitimidad de las acciones de gobierno y fortalece el tejido social.
3. La política pública: una apuesta por la justicia territorial
El Plan Integral anunciado por el Gobierno Federal contempla una inversión histórica en obras y servicios públicos para estos municipios, incluyendo hospitales, universidades, redes de agua y drenaje, caminos pavimentados, escuelas y luminarias, además de medidas en seguridad pública como el Mando Único y la ampliación de Senderos Seguros. A esto se suma una importante cobertura de programas sociales que benefician ya a más de 275 mil personas en la región. Se trata, sin duda, de una política orientada a corregir los desequilibrios territoriales históricos que han marginado al oriente del Valle de México.
No obstante, el éxito de este plan no puede medirse solo en kilómetros de pavimento o en número de viviendas construidas. Su legitimidad y eficacia dependen también de la manera en que se implementen los proyectos: ¿quién decide qué obras se realizan?, ¿cómo se asignan los recursos?, ¿qué mecanismos existen para evitar la corrupción y asegurar su correcta ejecución?, ¿cómo se evaluará el impacto? Estas preguntas no son accesorias: son el núcleo del desafío democrático. En muchos de los municipios implicados existen antecedentes de corrupción, baja transparencia o limitada capacidad técnica para gestionar programas de gran escala. De ahí la necesidad de fortalecer los componentes institucionales del plan.
4. Propuestas de mejoramiento: gobernanza abierta para un plan sostenible
Para que el Plan Integral sea verdaderamente transformador y genere un cambio estructural en la región, es indispensable adoptar un enfoque de gobernanza abierta que coloque en el centro la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el fortalecimiento de capacidades institucionales. Se proponen las siguientes líneas de mejora:
a) Fortalecimiento de la transparencia y control social de la inversión pública
Es necesario establecer una plataforma digital pública y accesible que concentre información actualizada sobre el avance físico y financiero de cada obra: presupuesto asignado, contratistas, cronograma de ejecución, estado actual y mecanismos de supervisión. Este sistema debería permitir la consulta ciudadana y estar vinculado con el portal de transparencia estatal y federal, promoviendo auditorías sociales, visitas comunitarias y reportes abiertos.
b) Participación ciudadana vinculante en la selección y priorización de obras
Los proyectos incluidos en el plan deben surgir de procesos participativos en cada municipio. Para ello, se podrían convocar asambleas comunitarias, comités ciudadanos de obra o ejercicios de presupuesto participativo orientado a definir qué intervenciones son más urgentes para cada localidad. Estas herramientas permiten agregar preferencias sociales, generar corresponsabilidad y reducir la posibilidad de decisiones discrecionales o impuestas desde arriba.
c) Fortalecimiento de capacidades municipales para la ejecución del plan
Los municipios implicados requieren apoyo técnico e institucional para planear, licitar, ejecutar y supervisar proyectos de gran envergadura. Se propone que el Plan incluya un componente de asistencia técnica coordinado por el INAFED y la Secretaría de la Función Pública, que dote a los municipios de herramientas en planeación urbana, contratación pública, seguimiento de obra y evaluación de resultados. Esto permitiría reducir los riesgos de corrupción, subejercicio o errores técnicos en las intervenciones.
d) Incorporación de mecanismos de evaluación participativa y rendición de cuentas periódica
Cada trimestre podría establecerse una sesión pública de balance del plan en cada municipio, con participación de autoridades, contralorías sociales, colectivos vecinales y observadores externos. Además, deberían integrarse indicadores de impacto social claros que permitan evaluar el efecto real de las obras en bienestar (mejora del acceso a salud, aumento en escolaridad, disminución del tiempo de traslado, percepción de seguridad, etc.).
Conclusión
Los procesos participativos locales generan incentivos para que la ciudadanía se organice, agregue preferencias y exprese sus demandas. Lejos de ser un obstáculo, la participación ciudadana es un motor de innovación democrática, que genera capital social y fortalece a las comunidades. Para que el Plan Integral del Estado de México cumpla con su promesa de justicia territorial, debe apostar por una gobernanza abierta y corresponsable, que convierta a las y los habitantes del oriente mexiquense en protagonistas de su propio desarrollo. Solo así se construirá no solo obra pública, sino comunidad.
