Introducción
Las Cartas Iberoamericanas son documentos adoptados por los países miembros del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), cuyo objetivo es ofrecer marcos de referencia no vinculantes para orientar procesos de modernización y fortalecimiento de la gestión pública en la región. Estas Cartas buscan consensuar principios, criterios y orientaciones que sirvan como guía común para los gobiernos iberoamericanos en temas clave como la ética e integridad pública, la participación ciudadana, el gobierno electrónico o la calidad de los servicios públicos.
En este contexto, la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, aprobada en 2016 por la XVII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, constituyó un aporte fundamental al establecer por primera vez un marco integral y adaptado a las realidades de la región para orientar las políticas de apertura gubernamental. Redactada por Álvaro V. Ramírez-Alujas, destacado académico y experto internacional en Gobierno Abierto, esta Carta recoge los principios, pilares y orientaciones que deberían guiar los esfuerzos de transformación del Estado hacia modelos más abiertos, participativos y colaborativos.
Hoy, cuando se acerca el décimo aniversario de su publicación, conviene tenerla nuevamente en el radar. Su revisión permite evaluar cuánto se ha avanzado en su implementación en los países miembros y qué desafíos persisten en la construcción de Estados más transparentes, inclusivos y efectivos.
Qué aporta la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto
La Carta parte de una premisa ambiciosa: contribuir a la consolidación de un Estado Abierto, entendido como un modelo de gobernanza donde la ciudadanía no es solo destinataria de las políticas públicas, sino protagonista activa en su formulación, implementación y evaluación. Para ello, propone un enfoque sistémico y progresivo, que trasciende la acción del Poder Ejecutivo y busca permear todo el aparato estatal y sus relaciones con la sociedad.
El documento define con precisión el concepto de Gobierno Abierto como un conjunto de mecanismos y estrategias que fortalecen la gobernanza y el buen gobierno, mediante la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas, la colaboración y la innovación pública y ciudadana. Estos pilares no operan de manera aislada, sino de forma interdependiente, conformando un ecosistema que permite reconstruir la confianza entre el Estado y la sociedad.
El pilar de transparencia y acceso a la información pública destaca tanto el derecho ciudadano a conocer la información en poder del Estado como la obligación de los gobiernos de divulgar de manera proactiva aquella información relevante para la vida democrática. Se enfatiza aquí la necesidad de superar una visión meramente procedimental de la transparencia y avanzar hacia prácticas de publicidad activa, comprensibles y accesibles.
Por su parte, la rendición de cuentas públicas se concibe como un deber legal y ético que implica no solo la supervisión horizontal entre agencias gubernamentales, sino también mecanismos verticales y diagonales que habiliten un control social efectivo por parte de la ciudadanía. La responsabilidad pública y la obligación de fundamentar las decisiones y resultados gubernamentales son elementos centrales de este pilar.
El pilar de participación ciudadana es abordado de manera amplia, promoviendo la construcción social de las políticas públicas y el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas para influir en el ciclo completo de la gestión pública. La Carta reconoce distintos niveles de participación, desde el informativo hasta la cogestión, e insiste en la necesidad de fomentar mecanismos que garanticen espacios inclusivos y efectivos de participación.
El cuarto pilar, referido a la colaboración e innovación pública y ciudadana, pone en el centro la cocreación de soluciones y servicios públicos en alianza con múltiples actores: ciudadanía, sector privado, academia y organizaciones de la sociedad civil. La Carta resalta la importancia de generar entornos institucionales que promuevan la innovación y reconozcan el valor de las capacidades ciudadanas como fuente de transformación y mejora de lo público.
Además de estos pilares, la Carta establece un conjunto de principios rectores que deben orientar las políticas de Gobierno Abierto, tales como la apertura, la legitimidad democrática, la ética pública, la inclusión y multiculturalidad, la interoperabilidad y la eficacia en la gestión pública. Estos principios proporcionan un marco normativo y ético que complementa la dimensión técnica y procedimental del enfoque.
La Carta también ofrece orientaciones concretas para la implementación del Gobierno Abierto. Entre ellas, destaca la necesidad de fortalecer los marcos normativos en materia de transparencia, participación y protección de datos; rediseñar las arquitecturas organizativas para impulsar políticas transversales de apertura; desarrollar portales de datos abiertos que cumplan con estándares internacionales; aprovechar las tecnologías digitales para mejorar los servicios públicos y reducir la brecha digital; y establecer altos estándares de integridad y ética pública.
Un aporte particularmente relevante de la Carta es su llamado a extender los principios del Gobierno Abierto más allá del Poder Ejecutivo. En este sentido, promueve la construcción de Parlamentos Abiertos, Justicias Abiertas y Gobiernos Subnacionales y Locales Abiertos, subrayando la necesidad de avanzar hacia un enfoque integral de Estado Abierto. Asimismo, recomienda aplicar estos principios en otros sectores de la sociedad, incluyendo empresas públicas, organizaciones de la sociedad civil y universidades.
En sus consideraciones finales, la Carta enfatiza que el Gobierno Abierto debe ser concebido como una política de Estado, sostenida en el tiempo más allá de los cambios de gobierno. Para ello, subraya la importancia de impulsar un cambio cultural basado en la ética pública, la corresponsabilidad y la apropiación ciudadana de los principios de apertura. Asimismo, llama a fortalecer la cooperación internacional, las redes de aprendizaje y el desarrollo de métricas que permitan monitorear los avances de esta agenda.
Vigencia de la Carta
A casi diez años de su adopción, la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto sigue siendo un documento de referencia para la región. Su visión integral, su énfasis en la transformación cultural y su apuesta por una gobernanza colaborativa mantienen plena vigencia en un contexto caracterizado por desafíos complejos: crisis de confianza en las instituciones, desigualdades persistentes, transformaciones digitales aceleradas y demandas crecientes de participación y transparencia.
Sin embargo, su implementación ha sido desigual. Mientras algunos países han avanzado en la institucionalización de políticas de apertura, otros mantienen enfoques fragmentarios o simbólicos. De ahí la importancia de volver a leer la Carta, no solo como guía para el diseño de políticas públicas, sino como herramienta crítica para evaluar los logros y los retos pendientes en la región.
Una excelente oportunidad para profundizar en este balance es la lectura del reciente libro ¿Se cumplió la promesa del Gobierno Abierto?, editado también por Álvaro Ramírez Alujas y César Cruz Nicandro. Esta obra colectiva revisita los avances, límites y dilemas del Gobierno Abierto en Iberoamérica, ofreciendo un análisis comparado y una reflexión crítica que complementa y actualiza los planteamientos de la Carta. Puedes acceder al libro a través del siguiente enlace: https://secumpliolapromesaopengov.gigapp.org.
Te invitamos a descargar y consultar la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto en su versión completa para reflexionar sobre sus aportes y su relevancia actual.
Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto
